Esta no es la primera vez que Rodrigo Arias Sánchez hace noticia a partir de un telefonazo.
El 22 de julio de 2005, La Nación informó: ‘Un abogado del bufete Facio y Cañas facturó $15.000 por "honorarios de éxito" para él y para Rodrigo Arias Sánchez, por sus gestiones para obtener el refrendo de la Contraloría a un contrato entre la Municipalidad de San José y la empresa EBI, en julio del 2001’.
Entre estas “gestiones” salió a relucir una controversial llamada que en aquella ocasión Rodrigo Arias había hecho al Contralor de la República de entonces para conversar del contrato, y si bien se facturaron los honorarios de éxito, siempre se negó que existiera alguna influencia sobre la decisión del ente Contralor.
Rodrigo Arias alegó en aquella oportunidad: “yo dentro de ese contexto de amistad es que lo llamo a la Contraloría, pero no lo llamo como a un contralor, lo llamo casi como el amigo mío".
Es decir, cuando el ex ministro de la presidencia llamó al Ministro de Seguridad Tijerino, para “averiguar el estado del caso en su contra”, y coincidentemente, el nuevo Fiscal General Chavarría pidió frenar la indagatoria en contra de Arias Sánchez por peculado, no es estamos frente al primer telefonazo amistoso de Rodrigo Arias.
Similar sucede con el caso de las llamadas de los dos Arias a la Procuradora de la República en el caso de la Mina Crucitas. (Dato curioso: el gerente de Ebi de allá en 2001 es el mismo de la Mina Crucitas en el presente.)
Hay políticos que ven esta mezcla de relaciones amistosas, de intereses personales y privados cruzando y atropellando el interés público como algo normal, hasta deseable. Esa tesis la sostuvo un conocido político costarricense no hace mucho:
“Como ha quedado demostrado no hice nada diferente a lo que hacen y han hecho otros profesionales que han ocupado altos cargos en la administración pública, y que una vez terminada su función retornan a su práctica privada. José María Figueres, don Rodrigo Arias, el ex Magistrado Fabián Volio, decenas de ex funcionarios como Eduardo Lizano, han prestado asesorías y han recibido sus honorarios profesionales sin que se haya dicho ni que es ilegal y mucho menos inmoral. Más aún, muchas de estas asesorías están relacionadas con el Estado o sus Instituciones; yo en cambio presté una asesoría a una empresa privada que es quien cubre mis honorarios. ”
Eso declaró Rafael Ángel Calderón el 21 de setiembre de 2009 en el juicio Caja-Fishel.
La otra cara de la moneda la expuso bien Walter Reiche (Proa diciembre de 2009): “...si usted no forma parte de ese selecto grupo de empresarios que tienen acceso a ese nivel político superior, no va a poder hacer negocios importantes con el Estado”
Esa es la mezcla entre influencia, poder y en veces negocios. Costumbre es aquello que se convierte en un hábito, es cuando se actúa más de una vez de cierta manera determinada. Maña, por otra parte, se le llama a la mala costumbre.
El actuar conforme a la moral en una sociedad no está determinado por normas de piedra escritas en un libro universal, sino por las voluntades de hombres y mujeres que pugnan y procuran estándares para una mejor vida para el individuo y para el colectivo.
A Rodrigo Arias ―y a quienes lo acuerpan― les parece normal “la costumbre” de levantar el teléfono y contactar figuras públicas amigas para resguardar sus intereses personales y privados.
Por otra parte, muchos costarricenses, entre los que me cuento, consideramos que eso es una maña inmoral, que afecta el funcionamiento deseable de las instituciones de la República y que atropella a la población general. Una maña más entre otras tantas que mientras no sean desterradas de Costa Rica, nos condenan a seguir sumidos en el subdesarrollo mediocre y evidente en que vivimos, aunque nos quieran vendar los ojos con señuelos de progreso, como carreteras mal hechas y estadios regalados.
La lucha entre esas dos visiones es la que sigue vigente, pero que ahora se avecina a nuestro país con mayor fuerza que nunca.
El 22 de julio de 2005, La Nación informó: ‘Un abogado del bufete Facio y Cañas facturó $15.000 por "honorarios de éxito" para él y para Rodrigo Arias Sánchez, por sus gestiones para obtener el refrendo de la Contraloría a un contrato entre la Municipalidad de San José y la empresa EBI, en julio del 2001’.
Entre estas “gestiones” salió a relucir una controversial llamada que en aquella ocasión Rodrigo Arias había hecho al Contralor de la República de entonces para conversar del contrato, y si bien se facturaron los honorarios de éxito, siempre se negó que existiera alguna influencia sobre la decisión del ente Contralor.
Rodrigo Arias alegó en aquella oportunidad: “yo dentro de ese contexto de amistad es que lo llamo a la Contraloría, pero no lo llamo como a un contralor, lo llamo casi como el amigo mío".
Es decir, cuando el ex ministro de la presidencia llamó al Ministro de Seguridad Tijerino, para “averiguar el estado del caso en su contra”, y coincidentemente, el nuevo Fiscal General Chavarría pidió frenar la indagatoria en contra de Arias Sánchez por peculado, no es estamos frente al primer telefonazo amistoso de Rodrigo Arias.
Similar sucede con el caso de las llamadas de los dos Arias a la Procuradora de la República en el caso de la Mina Crucitas. (Dato curioso: el gerente de Ebi de allá en 2001 es el mismo de la Mina Crucitas en el presente.)
Hay políticos que ven esta mezcla de relaciones amistosas, de intereses personales y privados cruzando y atropellando el interés público como algo normal, hasta deseable. Esa tesis la sostuvo un conocido político costarricense no hace mucho:
“Como ha quedado demostrado no hice nada diferente a lo que hacen y han hecho otros profesionales que han ocupado altos cargos en la administración pública, y que una vez terminada su función retornan a su práctica privada. José María Figueres, don Rodrigo Arias, el ex Magistrado Fabián Volio, decenas de ex funcionarios como Eduardo Lizano, han prestado asesorías y han recibido sus honorarios profesionales sin que se haya dicho ni que es ilegal y mucho menos inmoral. Más aún, muchas de estas asesorías están relacionadas con el Estado o sus Instituciones; yo en cambio presté una asesoría a una empresa privada que es quien cubre mis honorarios. ”
Eso declaró Rafael Ángel Calderón el 21 de setiembre de 2009 en el juicio Caja-Fishel.
La otra cara de la moneda la expuso bien Walter Reiche (Proa diciembre de 2009): “...si usted no forma parte de ese selecto grupo de empresarios que tienen acceso a ese nivel político superior, no va a poder hacer negocios importantes con el Estado”
Esa es la mezcla entre influencia, poder y en veces negocios. Costumbre es aquello que se convierte en un hábito, es cuando se actúa más de una vez de cierta manera determinada. Maña, por otra parte, se le llama a la mala costumbre.
El actuar conforme a la moral en una sociedad no está determinado por normas de piedra escritas en un libro universal, sino por las voluntades de hombres y mujeres que pugnan y procuran estándares para una mejor vida para el individuo y para el colectivo.
A Rodrigo Arias ―y a quienes lo acuerpan― les parece normal “la costumbre” de levantar el teléfono y contactar figuras públicas amigas para resguardar sus intereses personales y privados.
Por otra parte, muchos costarricenses, entre los que me cuento, consideramos que eso es una maña inmoral, que afecta el funcionamiento deseable de las instituciones de la República y que atropella a la población general. Una maña más entre otras tantas que mientras no sean desterradas de Costa Rica, nos condenan a seguir sumidos en el subdesarrollo mediocre y evidente en que vivimos, aunque nos quieran vendar los ojos con señuelos de progreso, como carreteras mal hechas y estadios regalados.
La lucha entre esas dos visiones es la que sigue vigente, pero que ahora se avecina a nuestro país con mayor fuerza que nunca.